La propuesta de reforma constitucional elimina la protección a la propiedad intelectual.
El día 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, conmemoración ésta instaurada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un ente especializado de la Organización de las Naciones Unidas. Con este motivo, la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Inc. (ADOPI), se complace en dedicar esta edición de Gaceta Judicial a la promoción de los derechos de propiedad intelectual, agradeciendo a sus editores esta valiosa oportunidad.
Entendemos propicia la ocasión para preguntarnos para qué nos sirve la propiedad intelectual y el papel que juega en nuestras vidas. Cuando escuchamos una canción de Juan Luis Guerra, disfrutamos de una película de Angel Muñiz, vemos una pintura de Guillo Pérez, compramos un pantalón de una marca determinada, degustamos algún comestible o adquirimos el último aparato que nos facilita o nos hace más segura la vida, debemos tener en cuenta que ese disfrute lo debemos al trabajo tesonero y a la creatividad de autores e inventores. La propiedad intelectual surge, precisamente, para fomentar el talento creativo brindando una recompensa a su autor o inventor.
Por su parte, la piratería, como se conoce comúnmente la vulneración de estos derechos, y que puede abarcar desde la falsificación de las medicinas que se venden de manera ilegal en nuestro país, hasta la copia de las pinturas de Cándido Bidó y Alberto Ulloa, perjudica a autores, innovadores y titulares de los derechos de propiedad intelectual, pero más grave aún, constituye un atentado contra el acervo cultural del país, en unos casos, y hasta un atentado contra la vida humana, en los casos de medicamentos falsificados.
Es por ello que República Dominicana se ha unido a otros países que luchan por la defensa de estos derechos, incorporando a su legislación positiva diversos tratados internacionales cuyo fin es la protección efectiva de la propiedad intelectual. Entre los de reciente ratificación por el Congreso Nacional, destaca el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y nuestro país (DR-CAFTA) , cuyo Capítulo XV es dedicado in extenso a la protección de la propiedad intelectual.
Sin dudas hemos avanzado en legislar a favor de la propiedad intelectual, pero aún carecemos de la implementación de esas legislaciones. A diario vemos en las calles del país la venta de obras pictóricas y películas falsificadas, para mencionar sólo dos ejemplos. Los jueces han empezado a imponer las sanciones establecidas en las leyes, pero todavía reaccionan tímidamente al valorar los montos de las condenaciones civiles al otorgar indemnizaciones por el perjuicio causado. Nos cuesta entender que el robo de una obra o la competencia desleal en los actos de comercio pueden ser iguales o más perjudiciales que el robo de un objeto tangible, como un televisor.
Debemos desarrollar y propugnar por una cultura de legalidad en materia de propiedad intelectual. Existe mucha ignorancia sobre los beneficios que puede conllevar para nosotros como ciudadanos y para nuestro país el que respetemos las leyes de propiedad intelectual. Somos los primeros que debemos luchar contra la piratería negándonos a adquirir productos falsificados, sometiendo a los tribunales a los piratas y exigiendo la imposición de las sanciones penales e indemnizaciones civiles establecidas en la ley. El Poder Judicial, por su parte, debe cumplir su rol de imponer sanciones severas cónsonas con la gravedad de la infracción. El Ministerio Público tiene la tarea de afrontar con decisión las violaciones flagrantes de las que se hace eco frecuentemente la opinión pública. La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) ameritan expandir la promoción acerca de la importancia de los derechos intelectuales y su registro. La Dirección General de Aduanas ha demostrado su decisión de impedir el contrabando de mercancías falsificadas, pero se necesitan sin dudas mayores rigores en la aplicación de medidas en frontera. La Secretaría de Estado de Salud Pública tiene que imponer su autoridad rectora ante el contrabando y venta indiscriminada de productos farmacéuticos adulterados. Entendemos que una reactivación de la comisión estatal creada para articular las diferentes instancias a las que compete velar por la protección de la propiedad intelectual en el país, se impone en las actuales circunstancias.
Finalmente, la tarea más importante le cabe al Congreso Nacional: debe rechazar el Artículo 53, numeral 1, de la propuesta de reforma constitucional presentada por el Poder Ejecutivo, ya que de ser aprobado tal como está, la propiedad intelectual dejaría de ser un derecho exclusivo y protegido constitucionalmente y pasaría a ser un simple derecho a la innovación y creación, sin otorgar propiedad exclusiva por un tiempo o forma determinado por la ley.
¡Este 26 de abril debe recordarnos que es tarea de todos defender la propiedad intelectual!
Mary Fernández
Presidenta
Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Inc. (ADOPI) 2008-2010
